Afirma el Ejército: Ya no Hay Cárteles de la Droga en Baja California

Afirma el Ejército: Ya no Hay Cárteles de la Droga en Baja California

Publicado por Javier on 7/30/10 • Categorizado en Mar de Fondo, Noticias

Para las fuerzas armadas, en Baja California se terminaron las células violentas del crimen organizado, ya no hay cárteles de la droga y tienen una premisa: no permitirán que nuevos consorcios criminales, nacionales o internacionales, se asienten en la entidad.

Por Javier Cruz Aguirre

Todas las fotografías de Antonhy Suau

Sin embargo diversas organizaciones cívicas y activistas de los derechos humanos en el Estado criticaron la actuación del ejército porque criminaliza a la juventud bajacaliforniana, acosa sexualmente a las mujeres en los retenes instalados en las carreteras y principales ciudades de la entidad, y viola los derechos de grupos marginados

Las posiciones opuestas de militares y sociedad civil se dieron abiertamente durante la realización del foro “Diálogo Cívico Militar”, que organizaron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el pasado viernes 23 de julio en la ciudad de Mexicali.

Y pese a lo ríspido que por momentos fue la convivencia, a la cual asistieron 15 representantes de organizaciones civiles y activistas a favor de los derechos humanos en Baja California, así como el comandante de la Segunda Zona Militar, general de brigada Alfonso Duarte Múgica, ambas partes se pusieron de acuerdo para sostener en breve nuevas reuniones mensuales de trabajo y acercamiento patrocinadas por la Unidad de Vinculación Ciudadana que presiden la licenciada Marina Arvizu Rivas, ex diputada federal, y el general Raymundo Balboa.

Al concluir el acto Jesús Robles Maloof, miembro de la AMDH, lanzó una crítica a la actuación del Ejército Mexicano y a su comandante supremo, Felipe Calderón Hinojosa, al cuestionar los resultados que éstos han obtenido en la llamada guerra contra el narcotráfico.

Para el derechohumanista, existe una incorrecta utilización del ejército en labores de seguridad interna y de seguridad pública. Esto por una estrategia equivocada de Calderón en el sentido de privilegiar la fuerza sobre la inteligencia.

“Se trata de una estrategia que no está pensada para reducir la violencia, sino por el contrario, que ha provocado en los hechos el incremento de la violencia”.

Robles Maloff señaló que la sociedad civil esta en espera de la autocrítica por parte de los militares.

“Pero cuando pedimos al ejército una actitud autocrítica –dijo-, es necesario analizar esto en un contexto mayor porque un ejército que tiene como valor más importante la obediencia, y con un sistema político que se construyó con un control presidencial sobre las fuerzas armadas, pedirles una autocrítica implica pedirles no que se critiquen ellos, sino que critiquen al presidente de la república, cosa que en el México postrevolucionario, después de las asonadas militares, es un tema que el sistema diseñó como imposible”.

Así, cuestionó un informe del general Duarte Múgica en el sentido de que Baja California esta libre de cárteles del narcotráfico.

“No –aseguró-. Este país no se ha liberado de los cárteles. El mejor indicador para saber si se ha reducido o no la presencia de los carteles es el precio de la droga y éste se mantiene estable en las calles; incluso en algunos estados ha bajado, lo que quiere decir que las estructuras de trasiego están intocadas y que todas esas muertes de civiles, de militares y de servidores públicos han sido completamente en vano, porque por más toneladas que capturen, si la violencia se incrementa y el precio de la droga se mantiene, quiere decir que se está perdiendo esa supuesta batalla”.

Consideró entonces que la solución debe venir claramente con una estrategia que reduzca la violencia, una estrategia que se dirija a los pilares financieros de las organizaciones criminales y que se discuta abiertamente la legalización de las drogas.

El activista también expresó comentarios poco favorables para el ex secretario general del Gobierno de Baja California, Francisco Blake Mora, ahora en su calidad de nuevo titular de la Secretaría de Gobernación.

– ¿Cambiará la situación de los derechos humanos en México con el nombramiento de Francisco Blake como secretario de Gobernación?, preguntó A los Cuatro Vientos. Robles Maloof respondió:

“No. Creo que no. Estábamos muy mal con Fernando Gómez Mont, pero con Blake vamos a empeorar. Gómez Mont tenía un talante autoritario y  Blake Mora no está dispuesto a escuchar a nadie”.

Citó ejemplos para dar credibilidad a su comentario. Primero recordó que en Baja California los indígenas Cucapa tuvieron una protesta reiterada y él jamás estuvo dispuesto a escucharlos.

“Y está el caso de los internos de la cárcel de Tijuana que fueron asesinados. Son temas sobre los que debemos insistir porque en el resto del país no se conocen por el control del gobierno sobre los medios de comunicación electrónicos. Se dice que Blake es un desconocido, pero en realidad sus actos ya han hablado por él”.

EJERCITO TORTURADOR

Otra voz que se escuchó fuerte fue la de Rebeca Maltos Garza, directora general de la Asociación Civil Gente Diversa de Baja California.

A Los Cuatro Vientos la activista mexicalense comentó que en la entidad el ejército ha cometido violaciones a derechos humanos y que una de la más graves, que incluso hoy se analiza en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con fuertes posibilidades de ser turnada a la Corte Interamericana, es la del presunto hostigamiento, secuestro y tortura a 25 policías municipales de Tijuana a manos de militares destacados en Tijuana.

“Nosotros –dijo-, como organismo constructor de ciudadanía, trabajamos en la difusión del problema. Estamos ante un caso que no puede mantenerse en carpeta o dentro de un escritorio. Los ciudadanos deben estar enterados del caso por tratarse de una violación a derechos humanos”.

Recomendó que los bajacalifornianos ahora deben reflexionar en el tema del combate al narcotráfico, pues estamos inmersos en una guerra en la cual la sociedad civil esta desinformada y desprotegida.

“Estos –señaló-, son los síntomas de un problema mucho más profundo y complejo, que se tendría que resolver desde el concepto de seguridad ciudadana, que no tiene que ver forzosamente con policías y ladrones”.

Consideró que la SEDENA, ligada al combate al narcotráfico, hasta hoy no ha sido eficiente porque los cárteles siguen igual de organizados, la droga sigue fluyendo y se transporta por todo el territorio nacional.

“Hay consorcios internacionales de droga y consorcios nacionales de capos. Entonces la estrategia hasta ahorita no ha sido exitosa; además es una estrategia que cuesta mucho, mucho, mucho dinero”.

Finalmente consideró que ninguna persona puede estar por encima de otra y que por ello debe desaparecer el fuero militar

“No importa cuántas estrellas tenga una persona en su uniforme. Todas tenemos los mismos derechos y todas tenemos que rendir cuentas. En este momento, por ese fuero especial, no sabemos qué pasa con los militares que han sido señalados por cometer abusos y violaciones diversas en Baja California porque tan solo se trata el tema a través de juicios al interior de la SEDENA”.

Al respecto el doctor Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en un escrito que se entregó al general Alfonso Duarte Múgica, destacó los casos de los 25 policías municipales de Tijuana detenidos, incomunicados y torturados, entre los días 21 y 27 de marzo de 2009, en las instalaciones del cuartel militar “Aguaje de la Tuna”, dependiente de la II Zona Militar de Baja California.

Asimismo informó que cuatro civiles –Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez- fueron detenidos por personal de la SEDENA en la ciudad de Tijuana el 16 de junio del año pasado.

De acuerdo con el derechohumanista, estas personas estuvieron detenidas “arbitrariamente” del 16 al 20 de junio del 2009 y permanecieron incomunicados. El 20 de junio fueron trasladados al “Aguaje de la Tuna” donde permanecieron arraigados “y fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” hasta el 31 de julio, fecha en que se les trasladó al Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste” (El Rincón, Tepic, Nayarit), en donde se encuentran actualmente.

Otros presuntos torturados e incomunicados por elementos de las fuerzas armadas destacadas en Baja California son Ricardo Castellanos Hernández y 11 policías municipales másde Tijuana.

De ellos el doctor Gutiérrez Contreras dice que fueron detenidos por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, quienes los entregaron directamente a los militares del Octavo Batallón Militar en “Aguaje de la Tuna”, en donde fueron incomunicados y torturados del 15 al 17 de septiembre del 2009 para posteriormente ser entregados al Ministerio Público del Fuero Federal de Tijuana, acusados del delito de delincuencia organizada.

Estos hechos, concluye el derechohumanista, “reafirman un patrón de conducta en el que se violan sistemáticamente diversos derechos como son: el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada, a no declararse culpable, al acceso a la justicia y a defender los derechos humanos”.

JUVENTUD CRIMINALIZADA

Por su parte Nain Martínez Segura, miembro de Gente Diversa de Baja California, aseguró en la reunión con los generales Duarte y Raymundo Balboa, jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la SEDENA, que la juventud de Ensenada, al igual que la del resto del estado, esta “criminalizada” por el ejército.

Esto desde hace dos años, en que hombres y mujeres jóvenes han tenido que modificar sus hábitos sociales para evitar encuentros vergonzosos y altamente peligrosos con soldados destacados en puestos de control militar.

“Yo estudio Biología en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada. En una salida de campo que hicimos al sur, hace un año  aproximadamente, nos quisimos establecer (acampar) en un lugar cerca de Cataviña y llegaron los militares.

“Eran 15 mujeres, incluida una maestra, y cuatro hombres, entre ellos el chofer del camión de la Facultad de Ciencias (de la universidad estatal). Nos dijeron, sin darnos mayores explicaciones, que ahí no nos podíamos establecer, cosa que se nos hizo muy rara.

“Nos fuimos a otro lugar y en la noche llegaron otra vez a movernos. Esta vez se subieron a los vehículos y hubo insinuaciones de que las mujeres, si querían, podían irse al cuartel. Esto tensó el momento y las muchachas se pusieron muy nerviosas con el acoso del que eran objeto, las armas y las insinuaciones. Mejor optamos por levantar las cosas y regresamos a Ensenada. Luego, en un foro, lo platicamos pero no sucedió nada”, narró.

Dijo conocer varios casos más de estudiantes universitarios de Ensenada que han salido a prácticas de estudio y son hostigados y denigrados cuando pasan por los retenes militares.

“Por ejemplo –narró-, en el área del Alto Golfo de California, por la zona de Santa Clara, han existido problemas de acoso sexual. En otros casos compañeras biólogas que van solas en camiones de repente las bajan y les dicen palabras de referencia sexual”.

Reiteró que dos años a la fecha Ensenada se ha encontrado con este problema de la militarización.

“Conozco muchachos como yo que han tenido que modificar sus hábitos y modus operandi para evitar a esta gente. La universidad y las salidas de campo se movían de otra manera. Ahora tienes que ser mucho más cuidadoso, especialmente en el caso de las mujeres. Es algo más que evidente”.

Y dio A los Cuatro Vientos otro caso que ocurrió en noviembre del año pasado.

“En la carretera Tijuana-Ensenada, antes del AM-PM, nos topamos con un retén militar en una zona con poca luz. Era un retén como medio nuevo. A veces esta y otras veces no. Entonces yo venía manejando, veníamos de un foro para profundizar en el tema de la participación ciudadana y la democracia. Éramos como 10 personas y nadie vio que de repente estaba el retén hasta que empezamos a sentir como topes. Cuando frene nos bajamos y ya estaban los soldados con pistolas y rifles apuntándonos. Uno de los soldados nos dijo: ‘Saben qué chavos, estuvimos a punto de dispararles’. Nos quedamos helados”.

Concluyó diciendo que ahora, cada vez que pasa por un puesto de control militar, ya sabe que, por el simple hecho de ser joven, lo van a detener, lo van a bajar de su automóvil y revisarán cada una de sus pertenencias.

“Nos criminalizan permanentemente. Piensan que como eres joven eres un drogadicto, eres un delincuente y te preguntan todo. Lo mismo hace la policía. Eso no le pasa a gente adulta”.

Otros casos fueron denunciados por la licenciada en Enfermería Audry Téllez, profesora y activista independiente en temas de mujer, salud y derechos humanos.

Ella narró que muchos alumnos de un centro privado de estudios universitarios ubicado en el fraccionamiento Playas de Tijuana, en donde ella da clases, reportan haber tenido problemas graves en un retén militar instalado poco antes de esa zona urbana residencial.

“Muchos de ellos han sido detenidos por miembros del ejército. Muchos de ellos han sido golpeados. Las chicas son hostigadas sexualmente. Al bajar de los carros hay un hostigamiento sexual y a los muchachos los tratan muy mal y los detienen por el simple hecho de tener rastras, por tener tatuajes, por traer expansiones”.

Al igual que el activista Martínez Segura, la maestra tijuanense consideró que la juventud bajacaliforniana esta “criminalizada” por los soldados, “pero las detenciones no han sido denunciadas por los afectados porque ellos dicen que no creen en las instituciones. Es una ruta crítica, ruda para llegar a ejercer los derechos que les corresponden. El único delito que cometen es ser jóvenes, portar su cara y tener el derecho a decidir su identidad”.

Por ello, concluyó que la presencia de los militares en Baja California, al igual que en el resto del País, es un pretexto para llegar a las casas y reprimir la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y pone como anzuelo el tema del narcotráfico.

“Es el pretexto perfecto para engañar a la gente y hacer creer que los militares pueden llegar a controlar el narcotráfico, pero la realidad de muerte y abusos, y el aumento en la inseguridad y la violencia, redujo la credibilidad y aumentó las experiencias autoritarias y el delito ‘por portación de cara’, pero con ello viene la protesta social porque los jóvenes son golpeados o asesinados por militares y las mujeres son acosadas o violadas por elementos del ejército”, concluyó.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS “POSITIVAS”

Ante el cúmulo de protestas y denuncias, el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica, comandante de la Segunda Zona Militar, dijo estar “contento” con los comentarios y las “críticas positivas que me hacen reflexionar en varios temas”, expresadas libremente por los representantes de organizaciones civiles y activistas de los Derechos Humanos presentes en la reunión.

Aún más. Dijo: “Denme ideas de cómo continuar resolviendo este problema, que no nada más es responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública. Es un problema social, es un problema económico, es un problema de percepción, es un problema de confusión, es un problema cultural, es un problema de disfunción familiar. Son muchos los problemas que estamos confrontando”.

Recordó que las fuerzas armadas son un instrumento de la administración pública en la cual se basa el comandante supremo de las fuerzas armadas (Felipe Calderón) para la solución del problema.

“Estos problemas no se generaron hace dos años. Se fueron alimentando a partir de los años 80 y 90 con el auspicio de una sociedad silenciosa, una sociedad que buscó aprovecharse de esas circunstancias. Hablamos del caso Baja California y el Cártel de los Arellano Félix”.

Hizo historia: “Primero (los Arellano) se infiltraron en la Universidad. Tuvieron un liderazgo mal entendido. Sus compañeros, que eran hijos de empresarios ricos, bajo ese liderazgo se convirtieron en delincuentes tristemente célebres y varios de ellos muertos por la misma organización criminal. A partir de ahí se lleva la detención de todos estos miembros, se cortan liderazgos”.

Recapituló que Ramón Arellano Félix fue muerto en Guadalajara, Benjamín Arellano Félix detenido en Puebla y recluido en la cárcel, y Eduardo Arellano Félix capturado en Tijuana en el año 2008.

“A partir de ahí hemos estado cortando las ramas, partes del tronco, pero necesitamos atender las raíces. Y esto no lo puede hacer sólo el gobierno, las autoridades nada más. Esto tiene que ser con la participación de toda la ciudadanía, de todos los grupos organizados de la sociedad civil”.

Tras rechazar que el Ejército en Baja California viola los derechos de los jóvenes y afirmar que las fuerzas armadas son profundamente respetuosas de las mujeres, las leyes y los derechos humanos, recordó que en el año 2007 y primera mitad del 2008, la delincuencia organizada gozaba de altos niveles de impunidad en el estado, dando la impresión de que nada los detendría y que podía seguir extendiendo sus dominios.

“Sin embargo los líderes (del Cártel de los Arellano) cayeron y luego llegó El Tigrillo, que posteriormente fue detenido. Luego viene El Ingeniero, Fernando Sánchez Arellano, quien no logra el liderazgo y lleva a cabo la división del Cártel. Se le sublevan Teodoro García Semental, El Muletas, La Perra, junto con su hermano El Chiquilín. Entonces empieza la lucha por el control de las plazas que ya habían consolidado los Arellano Félix”.

Fue entonces que la delincuencia organizada poco a poco fue ganando espacios públicos –“gracias a la corrupción y la impunidad, que son unos de sus principales alimentos”-, mientras el Ejército, por órdenes de Calderón y el secretario de la Defensa Nacional (general Guillermo Galván), llevaban a cabo reuniones con las autoridades de los tres niveles.

Esto último “a pesar de la corrupción existente y la impunidad entre ellos. Se llevaron acciones con personal de policías y ante algunos resultados escasos preferimos mejor nosotros mismos estar operando en forma aislada”.

Así, en Baja California la SEDENA promovió con bastante éxito la denuncia ciudadana directamente a la milicia, aprovechando que el ejército mexicano en Baja California, “de acuerdo con estadísticas”, tiene un porcentaje de confianza del 92 por ciento, uno de los más elevados en toda la república.

“Hace dos años vimos que la impunidad consistía en que había varias células violentas, armadas dentro de casas de seguridad, y que recibían información de ‘halcones’ de los movimientos de otra gente. Entonces se comunicaban con el jefe de esa célula y éste se comunicaba con Reta Nieves, uno de los 25 policías municipales detenidos el año pasado en Tijuana, y le decía: ‘ordena que se abran los policías en la calle del bulevar Agua Caliente’. Para eso los policías tenían dos radios: uno para su uso particular y otro para atender las órdenes de la delincuencia organizada.

“Entonces se abría la policía, entraba el convoy armado buscando a la persona que le describían los halcones y al detectarla, la ejecutaban, regresaban a la respectiva casa de seguridad sin ningún problema. Luego llegaba la policía ministerial a realizar el peritaje correspondiente, el cual era únicamente el desvanecimiento de las pruebas. A esta situación, hace dos años, se enfrentaba el personal militar cuando recibimos la orden de combatir a la delincuencia organizada en Baja California”.

Posteriormente hizo un somero resumen de las “células violentas” destruidas por el ejército en Baja California y remató: “Nosotros estamos cumpliendo”.

Explicó que en los puestos de control militar los soldados “checan” celulares y computadoras “porque hemos encontrado información bastante buena para combatir a la delincuencia organizada en ese tipo de aparatos”.

Insistió en que hay pleno respeto hacia la mujer en las revisiones.

“Un puesto de control es la administración de la fuerza. Ustedes ven: ‘150 metros, puesto de control, disminuya su velocidad’. ‘100 metros, puesto de control’. ‘Alto total, puesto de control’. Si no se respeta esa administración de fuerza, se les ametralla. Tuvimos un elemento herido en un retén allá en Tijuana. Simplemente cubrimos la necesidad de seguridad de nuestro personal”.

Reiteró que el Ejército busca que la sociedad bajacaliforniana ayude a sus elementos con ideas y colabore para poder seguir combatiendo la delincuencia organizada.

“Ahora estamos en otra fase. Ya se terminaron las células delictivas violentas, ya se terminaron los carteles. No vamos a permitir que entren otros carteles, pero también necesitamos que ustedes colaboren con nosotros en el combate a la corrupción”, manifestó.

Informó por último que el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, recientemente puso en marcha un centro de capacitación y adiestramiento (C-3) para instruir a la policía.

“Se les hará una evaluación (a los policías estatales y municipales). El porcentaje de confiabilidad que cubre la policía en el estado es de apenas cinco por ciento. El resto tiene algunos problemas de obesidad, problemas sicológicos. Otros no son nada recomendables.

“¿Se imaginan si se da de baja al 95 por ciento de la policía con más de cinco años trabajando? Se van a amparar, van a demandar laboralmente, se van a ir a derechos humanos”.

EL “CASO ENSENADA”

Como un “error” en el trabajo de “inteligencia”, calificó el comandante de la II Zona Militar en Baja California, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica, el operativo que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaron el pasado sábado 10 de julio en la ciudad de Ensenada.

Manifestó que personal militar recibió información de que en un vehículo viajaba “El Chapito” -un presunto narcotraficante al que el Ejército le sigue la pista en Ensenada-, y que al no hacer lcaso los tripulantes a las indicaciones de que se detuvieran para investigación y darse a la fuga, su actitud los hizo aún más sospechosos y por eso los persiguieron al lugar donde se realizaba una fiesta de graduación.

Rechazó asimismo las versiones de la familia ensenadense afectada por el operativo en el sentido de que uno de sus miembros, un estudiante universitario de 19 años de edad, fue golpeado, incomunicado y hostigado por elementos del ejército.

“A ese joven se le interrogó en la cocina del lugar en donde se realizaba la fiesta de graduación (de estudiantes de la preparatoria del Centro de Estudios Universitarios Xichicalco) y al no encontrarse elementos que justificaran su detención, ahí mismo se le dejó en libertad sin mayores problemas”, aseguró.

Respecto a la versión de los mismos afectados en el sentido de que efectivos militares que participaron en el fallido operativo realizaron disparos en el lugar del incidente, Duarte Múgica afirmó que se trató “de cohetes” artificiales que los asistentes a la fiesta de graduación detonaron con motivo de la celebración.

Informó finalmente que la SEDENA abrió una investigación de los hechos, que al viernes 23 de julio seguía abierta, y que es sospechosa la rapidez con la que actuó la policía municipal de Ensenada en los acontecimientos, obstaculizando al personal militar que participó en el operativo.

La versión de los ensenadenses afectados asegura que esa noche los militares, vestidos de civil y encapuchados, en realidad intentaron secuestrar al padre de la familia, propietario de un negocio de la industria de la construcción con arraigo en Ensenada por hasta 45 años.

También que golpearon e incomunicaron, por espacio de más de dos horas, al estudiante en una unidad del ejército y en un campo presuntamente ubicado en el resguardo militar de El Ciprés, específicamente en terrenos ocupados por el Segundo Regimiento de Caballería Motorizada.

Asimismo, al presentar su denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, reportaron que los militares les robaron 45 mil pesos en efectivo y seis botellas de vino que llevaban a la fiesta de graduación, en donde los soldados provocaron alarma y confusión al forzar a casi 800 personas a tirarse al suelo, terminando así de golpe con el festejo.

Acerca de roblesmaloof

Soy defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la comunicación. Desde hace años he decidido unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Integro desde 2010 los colectivos de activistas digitales Contingente Mx y Enjambre Digital. Colaboro como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project. En 2014 fui nombrado junto con otros activistas como "Héroe de los Derechos Humanos y las Comunicaciones" por la organización internacional Access Now. Escribo columnas periodísticas sobre derechos humanos en los portales digitales SinEmbargo Mx y Vice México. Abogado por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Humanidades y estudios de Doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2008 obtuve la medalla al mérito por la Universidad Autónoma Metropolitana. De forma voluntaria represento y defiendo jurídicamente a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y dedico tiempo a aportar defensa legal al albergue de migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco. Me gusta transportarme en bici, usar la foto y el video para las causas sociales, ir al cine, comer en fondas y nadar en el Mar de Cortés.

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